La guerra contra los cárteles en México suele ocupar nuestros informativos con cierta asiduidad, aunque se suele realzar más la vertiente morbosa con el puro y duro recuento de víctimas, y con detalles escabrosos de las ejecuciones. Pero a veces noto a faltar algún dato más sobre la actitud que está teniendo Estados Unidos con la ola de violencia que sufre su vecino.

Pero rascando en publicaciones estadounidenses y mexicanas se pueden utilizar datos muy interesantes sobre la implicación de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles. Más de la mitad los más de 47.000 muertes desde 2006 (cuando el presidente mexicano Felipe Calderón utilizar toda la fuerza contra los señores de la droga) se han producido en los estados fronterizos, por lo que se entiende la preocupación del Tío Sam por esta inestabilidad a sus puertas.

La implicación de Washington en la lucha contra el narcotráfico de sus vecinos se articula a través de  la Iniciativa de Mérida. Un acuerdo aprobado en 2008 por la Administración Bush y que firmó con México, los países de América Central, Haití y la República Dominicana. Contemplaba principalmente ayuda económica y material para las fuerzas de seguridad de estos estados, por un valor de 1.400 millones de dólares.

Con el cambio de Gobierno en la Casa Blanca en 2009, Hillary Clinton reconoció la parte de responsabilidad de su país en el conflicto, y que por ese motivo iban a colaborar con la estrategia del entonces presidente Calderón. Esta responsabilidad es por la demanda de droga en el interior de EE.UU y por la venta de armas. Según una serie de operaciones cuestionadas de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos), el 90% de los arsenales incautados a los cárteles provienen del norte de Río Grande.

El siguiente paso de la implicación de EEUU fue la renovación de la Iniciativa de Mérida pero ampliando el ámbito de actuaciones a la lucha contra la corrupción judicial y política.  Aunque, todo parece que puede ir más allá. Recientemente han aumentado las noticias de la implicación de personal militar y de inteligencia en la persecución de los cárteles de la droga.

La revista mexicana Proceso publicó este reportaje donde hablaba de la colaboración militar entre el gobierno de este país y Estados Unidos para capturar o matar a Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cártel de Sinaola, el criminal más buscado a ambos lados de la frontera (no he podido resistirme a escribir esta frase). El blog Danger Room de la revista Wired (con buenas conexiones con el Pentágono) recogió la noticia.

Según estas informaciones, EEUU habría ofrecido a los SEAL para «cazar» a «El Chapo», en una operación parecida a la que acabó con Osama Bin Laden. Finalmente, el gobierno de Felipe Calderón habría rechazado el operativo propuesto. Pero la intención de Washington es volver a ofrecérselo al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto (PRI).

Otro elemento a tener en cuenta es la emboscada que sufrieron dos «agentes» que fueron tiroteados en un vehículo de la embajada por agentes corruptos de la policía federal. El incidente presentó muchas dudas al principio, finalmente New York Times publicó que eran miembros de la CIA, parte de un operativo conjunto contra los cárteles (en un primer momento se dijo que eran responsables de la seguridad de la delegación diplomática). Según el rotativo neoyorquino, el incidente habría dejado patente la descoordinación entre policías y militares mexicanos (la Marina, a través de uno de los suyos que acompañaba a los estadounidenses, avisó repetidamente del ataque de los federales). En definitiva, Washington habrá reforzado su convencimiento de que sólo confía en la Marina mexicana.

Por último, también conviene destacar la presencia de 200 marines estadounidenses en Guatemala. Son parte de la Operación Martillo, un esfuerzo multinacional para controlar la salida de droga de América Central. Pero estos uniformados actúan en un territorio donde el cártel de los Zetas se habría hecho fuerte para operar desde allí, su labor es entrenar y asesorar a las fueras guatemaltecas y sólo pueden usar sus armas en defensa propia. Es un paso más en la implicación estadounidense en ese país, donde ya actúan agentes de la DEA (agencia antidroga).